El endurecimiento de las condiciones para tener derecho a una pensión y por lo tanto la disminución de expectativas para algunas de ellas, o la necesidad de ampliar años de cotización para mantenerlas es, en términos castizos, una auténtica putada. Y además, como bien han dicho, y siguen diciendo los Sindicatos, no tiene utilidad alguna para superar o tan siquiera suavizar la actual situación de crisis.
No envidio a los sindicalistas que tienen que decidir sobre la firma de este recorte, ni a todos aquellos que se van a ver en la necesidad de tener que explicar el acuerdo o la falta del mismo.
Y sin embargo, aún siendo consciente de nadar a contracorriente en el flujo de los estados de opinión que se están generando en una parte de las izquierdas, tengo que decir, con toda honradez, que yo firmaría sin dudarlo demasiado. Ahora arrójenme ustedes todos los huevos digitales que crean oportuno y después, si tienen a bien, sigan leyendo algunas breves líneas argumentales de porque me decanto por el aplauso a la valentía de lo sindicalistas.
1.- El sistema público de pensiones, tal y como se ha ido configurando en los últimos años con un amplio consenso social y político, tiene bajo mi punto de vista alguna ventaja. Es un sistema de reparto, que se financia con las cuotas los que aspiran a generar el derecho a una pensión en su vejez. Su pervivencia está basada en lo que se da en llamar solidaridad intergeneracional, es decir, las cotizaciones de las generaciones activas laboralmente en este momento, son las que financian las pensiones de los que trabajaron ayer, y serán las de las generaciones que, por edad, todavía no están en el mercado laboral, las que pagarán las pensiones de los cotizantes actuales.
2.- Los sindicatos han hecho siempre una apuesta por este sistema y no por otro que pudiera sustentar su financiación por la vía de los impuestos. Me parece una apuesta inteligente, porque financiar el grueso de las pensiones a través de los presupuestos del estado, supondría poner en el eje del debate político de cada año, y al socaire de los equilibrios parlamentarios, algo tan importante como las pensiones. En cada período electoral, las pensiones correrían el riesgo de convertirse en un objeto de mercadeo demagógico en manos de partidos políticos muy mediatizados por el corto plazo de los ciclos electorales. Cada presión política para financiar otras “prioridades” clientelistas pondría en la picota el pago de las pensiones. Cada ciclo de crisis podría cargarse, a través de decisiones presupuestarias de regate corto, todo un sistema de protección que puede garantizar a las personas una vida mínimamente digna una vez agotada su trayectoria laboral. Ejemplos ya los tenemos con la protección a los parados, con los servicios sociales, con las subvenciones a las organizaciones que se dedican a paliar necesidades de la población más desfavorecida, o con el incipiente sistema de atención a la dependencia.
3.- Es cierto que los que arguyen la demografía como una terrible amenaza que hace inviable un sistema de estas características, exageran sus efectos y no tienen en cuenta algunos factores importantes. Pero no es menos cierto, que la previsible evolución de la pirámide poblacional y por tanto de los cotizantes a la seguridad social, introduce algún elemento de inquietudo acerca de sostenibilidad a corto y medio plazo. El que vaya a aumentar el número de pensionistas y, de forma muy importante, cuando se vayan jubilando los nacidos en los años del “baby boom”, que además han mejorado las carreras de cotización de sus predecesores, va a hacer, como dicen los sindicalistas, que “el sistema tenga en los próximos años el reto de pagar más y mejores pensiones”. Y tienen razón.
4.- Los agoreros catastrofistas, que auguran un desastre a corto plazo llevan muy a menudo detrás de si intenciones poco confesables para cargarse el sistema y sustituirlo por otro de capitalización, que beneficie a los bancos. Pero los que miran a otro lado diciendo que no pasa nada, que no hay riesgos y que cuando los haya ya se verán, de imponerse sus criterios, nos llevarían a la quiebra del sistema actual en no demasiado tiempo. Ya sé que no está de moda decirlo, pero me temo que los sindicatos tienen una visión mucho más equilibrada, basada en un conocimiento profundo del sistema de pensiones y de un estudio bastante riguroso de su previsible evolución.
4.- Desde el punto de vista de los ingresos, la apuesta de un sistema basado en las cotizaciones tiene, necesariamente, que ser una apuesta por el estímulo a la contribución al sistema por parte de las personas durante el mayor tiempo y por la mayor cuantía posible, de su vida laboral. Eso tiene una relación directa con la cantidad y la calidad del empleo. Solo así puede garantizarse su supervivencia durante muchos años, ahuyentando los fantasmas de la quiebra y de la privatización. Solo así, y con una cierta moderación del gasto en los tramos más altos, que no ponga en riesgo la equidad, podrá sobrepasarse el “bache financiero” que de forma inevitable tendrá que afrontarse hasta que vayan desapareciendo las generaciones que nacieron en la explosión demográfica de los años 60, sin caer, y eso es importante, en la generalización de financiar a través de impuestos, que podría desvirtuar esa apreciable característica de autofinanciación, que aporta autonomía y blindaje de las coyunturas políticas.
5.- Ampliar el periodo de cálculo para la base reguladora de la pensión, puede tener algún efecto negativo para los trabajadores que al final de su vida laboral tienen una mayor cotización. Pero teniendo en cuenta los índices correctores con los que se calcula la base reguladora, para aquellos que tienen un trabajo menos estable, con periodos de baja cotización y problemas para trabajar en la última parte de su vida laboral, esta medida les va a favorecer. Para las personas con una cotización estable a lo largo de su vida laboral, esta modificación no tiene efectos negativos.
5.- Los recortes contemplados en el principio de acuerdo seguramente ha ido más allá de lo necesario para el sistema en estos momentos. Sin la situación de crisis que se ha cruzado y la presión de las políticas europeas de ajuste, sin el chantaje dificilmente soportable del sistema financiero internacional, y sin la conversión de Zapatero a las políticas liberales, es dificil concebir un acuerdo de estas características. Pero, aunque parece que cuesta reconocerlo, los sindicatos han conseguido limitar de forma importante la agresión profunda que el Sr. Zapatero y su gobierno nos tenía preparada; la obligatoriedad y generalización de la jubilación a los 67 años, con la necesidad de más de 40 años para tener derecho al 100% de la base reguladora. Han abierto otras fórmulas de jubilación ordinaria a los 65 y 66 años, eso si, con mayor exigencia de años cotizados. Se mantienen posibilidades de jubilación a los 60 y 61 años, y se abre el derecho subjetivo a jubilación anticipada a los 63 años. Es cierto que para todo esto hay mayores exigencias de años cotizados y obligará a pensar en carreras contributivas más largas. Y eso, hay que decirlo, va a añadir dificultades a algunas personas con problemas para mantener ininterrumpidamente tantos años de cotización. Harían bien los sindicatos en ir pensando que fórmulas pueden paliar estos perjuicios. Pero también va a desincentivar la decisión de trabajar “en negro” planificando la pensión futura con cotizaciones solamente en los últimos años de la vida laboral. Y esto tiene al menos dos efectos positivos; incrementará los ingresos del sistema haciéndolo menos frágil y por otro lado genera más derechos para los cotizantes de cara a su jubilación.
6.- El acuerdo ha paralizado otra pretensión del gobierno con efectos muy graves para los bolsillos de los trabajadores. El famoso rollo de la eliminación de la ultraactividad de los convenios, que quiere decir algo tan sencillo como cargarse del convenio, al término de su vigencia, todo (sí, todo) lo conseguido en anteriores negociaciones, dejando el contador a cero cada término de vigencia. Vamos, un chollo para los empresarios. De haberlo conseguido, es fácil deducir una bajada drástica y generalizada de las condiciones de trabajo y de los salarios. En consecuencia una disminución de las cotizaciones a la Seguridad Social, y por vía indirecta, pero eficiente y rápida, de las pensiones de futuro. Si alguien argumenta que era un farol por parte de Zapatero, tan solo tiene que fijarse en la reforma laboral, que acometió sin acuerdo y que está generalizando un despido más barato e innumerables descuelgues de convenios en las empresas. Algunos pensaban que no se iba a atrever.
Me ha sorprendido en positivo, tengo que decirlo, el que los sindicatos hayan conseguido mantener algunas fórmulas de jubilación anticipada y no se haya tocado la jubilación parcial con contrato de relevo, que permite una jubilación anticipada en torno a los 61 años, sin penalización, para amplios colectivos, con contratos de relevo que favorecen la incorporan de jóvenes al mercado laboral.
El acuerdo no es una maravilla. Y los sindicatos van a tenerlo crudo para explicarlo a sus bases. Pero contextualizado en una profunda crisis económica, en la cresta de una ola de conservadurismo, con una gran resignación social y tras un largo período de movilizaciones de “eficacia variadilla”, es un buen acuerdo. Así que, sin que sirva de precedente y seguro que a contracorriente (una vez más), enhorabuena sindicalistas, habéis hecho un buen trabajo en un campo plagado de minas. Y mucho ánimo que esto sigue.
Olmo Grande.
